Diputados aprueban reforma constitucional para mejorar acceso de trabajadores a la vivienda

La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime una reforma al artículo 123 constitucional, que forma parte del “Plan C” que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a fin de mejorar el acceso a la vivienda para los trabajadores mexicanos. No obstante, hubieron críticas opositoras por considerar que la redacción pudo haber sido mejor o que se deben contemplar otros aspectos para hacerla realidad.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, expuso que el dictamen señala que el Fondo Nacional de la Vivienda establece un sistema de vivienda de orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para la adquisición o mejora de su vivienda. A la par, comentó que establecía que las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante dicho fondo, podrán acceder a las viviendas, propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en arrendamiento social.

“En estas operaciones la mensualidad no podrá exceder del 30 % de su salario. Determina que después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley. [El dictamen también] prioriza el acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia”, dijo describiendo la redacción original del proyecto.

Enseguida, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que la “bancada naranja” votaría a favor, pero que la iniciativa se quedó muy corta porque en su exposición de motivos no se refiere al derecho a la vivienda como algo universal. Explicó que esta únicamente habla de la vivienda como un derecho de la clase trabajadora, olvidando que también requieren vivienda digna los que menos tienen, los más pobres, aquellos que no trabajan en la formalidad pero sí en el campo, en los mercados o que practican un oficio como los mecánicos, plomeros, comerciantes, panaderos, manicuristas, trabajadoras del hogar y más.

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Ivonne Ruiz Moreno, aseguró que los políticos “tricolores” siempre han estado a favor de la vivienda en el país, pues como gobierno fundó el Infonavit para garantizar el derecho de los trabajadores de México a acceder a ella. En tanto, indicó que ampliar su oferta es un gran reto, especialmente en el Estado de México, ya que cuenta con 16 millones de habitantes, de los cuales el 30% no vive en espacios dignos.

“En México, como en otros países, los trabajadores padecen el tener sueldos bajos frente a un mercado de vivienda cada vez más caro, teniendo como resultado la incongruencia de que existan casas abandonadas y familias sin algún techo. Y de igual manera, [se padece de] la vivienda aglomerada, lejos de sus lugares de trabajo y de estudio. Las casas de Infonavit oscilan entre 60 y 90 metros cuadrados, sin considerar que deben ser diseñadas para que sean funcionales y de acuerdo a las necesidades de las familias modernas mexicanas”, dijo.

Por su parte, su compañero de bancada Jericó Abramo Masso llamó a nutrir esta reforma con una buena reglamentación secundaria que considere cuánto dinero se va a necesitar para la construcción de esta vivienda o qué tipo de hogares se harán. Asimismo, llamó a pensar ya en legislar aspectos que tienen que ver con la transparencia o si estas se harán con empresas privadas o agencias gubernamentales.

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Desde el Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González celebró la reforma y que el Infonavit vuelva a construir vivienda social, pero advirtió que es tal el rezago social en esta materia que se requiere con urgencia contemplar un abanico de posibilidades adicionales. Como propuesta, mencionó la formulación e implementación de un plan nacional de lotes con servicios, con agua, luz, drenaje, para la entrega inmediata a familias desposeídas que, por medio de la autoconstrucción, puedan edificar su casa habitación.

Tras él, Armando Tejeda Cid, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que actualmente 15 millones de familias mexicanas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no tienen acceso a la vivienda. Por eso mismo, dijo que su bancada veía con “buenos ojos” regresar al impulso de acceso a la vivienda, aunque confesó que existen “serias dudas” de la capacidad de Octavio Romero Oropeza, actual titular del Infonavit.

Finalmente, la morenista Mónica Angélica Álvarez Nemer aseguró que el Fondo Nacional para la Vivienda, conformado por aportaciones patronales, tendrá un enfoque social, permitiendo a las personas trabajadoras acceder a créditos para adquirir o mejorar viviendas, pero también abrirá la posibilidad de acceder a arrendamientos. En tanto, aseguró que elimina la discrecionalidad y el ejercicio arbitrario, y esto logrará que tengamos los mecanismos que garanticen un proceso transparente y justo para todas y todos, de forma equitativa y sin favoritismos.

Tras un largo debate en lo general, se aprobó la reserva de Carlos Alberto Ulloa Pérez, de Morena, para que las personas trabajadoras y derechohabientes puedan no solo construir vivienda sino construir suelo. En tanto, Alejandro Carvajal Hidalgo logró convencer a la mayoría para quitar lo relativo al año de cotización como requisito para rentar una de las nuevas viviendas y los 10 años de arrendamiento para poder adquirirla; ello a fin de que sea un ley la que regule los términos y condiciones.

“Hay jóvenes que ya tienen acumulado ahorro, otros que ya tienen un crédito autorizado por la banca privada, otros que son trabajadores independientes», indicó. Finalmente, se votó el dictamen logrando 469 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.