Gobierno acusa al PJF de obstaculizar y de usar pretextos para dejar libre a militares implicados en caso Ayotzinapa

Tras haber sido concedido a los ocho militares la medida cautelar de llevar su proceso en libertad por la acusación que tienen de estar vinculados en la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar el proceso y de usar pretextos para liberar a implicados en el caso.

El gobierno de México aseguró que no le extraña la postura que ha tomado el Poder Judicial con las resoluciones de los jueces y tribunales en el caso específico de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque “dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad”.

Asimismo, apuntó que el Poder Judicial se ha valido de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia, esto haciendo uso de “tecnicismos”, y sin valorar los derechos de las víctimas de acceder a la verdad, la justicia y la no repetición.

Recordemos que la resolución de conceder llevar el proceso en libertad fue concedido el sábado pasado por la jueza segundo de distro de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo. Esto en un día inhábil a unos días de que el presiente López Obrador se reúna con los padres de los normalistas.

En ese sentido, el gobierno de México dijo que coincide con la postura y las manifestaciones emitidas por la Fiscalía General de la República (SRE) este domingo donde “rechaza de manera tajante” la determinación de la jueza y de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes acusa de valerse de una secuela procesal “absolutamente cuestionable” para dar ventaja “indebida” a los militares imputados, desconociendo a su vez la prisión preventiva justificada que mantenían.

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Por otro lado, el gobierno federal recordó que el Poder Judicial fue quien liberó a otros 62 implicados en la desaparición de los estudiantes argumentando que habían sido torturados, sin embargo, reclamó que no han actuado en contra de los torturadores como es el caso de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, actualmente prófugo de la justicia en Israel.

Además, señala que también intentaron dejar en libertad al exprocurador Jesús Murillo Karam, autor dela “verdad histórica”, “a través de un cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias del gobierno”.

En tanto que ahora, afirman que, sin ningún fundamento legal, ordenaron poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno federal protege al Ejército, y de esa forma “socavar el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos, todo ello por razones políticas”.

Asimismo, el gobierno de López Obrador afirma que el daño que se está haciendo en el caso es “inconmensurable” y con estos actos el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, pues el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” para el presidente.

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En ese sentido, adelantó que pedirá a la Fiscalía que revise las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar prisión preventiva justificada el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. Además, de que se va a solicitar que se otorguen nuevas órdenes de aprehensión, en caso de ser procedentes, así como que se agoten todas las líneas de investigación.

Sobre el caso de la liberación de los ocho militares, Alejandro Encinas Rodríguez, extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y exsubsecretario de Derechos humanos, criticó que el Poder Judicial haya dado nuevamente “un sabadazo”, con lo que “allana el camino a la impunidad”.

Pero hizo una crítica aún más grave al afirmar que son los propios abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los que están litigando para liberar a los militares imputados, es decir, la propia dependencia lucha en contra de la investigación ordenada por el presidente López Obrador.

“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”, escribió en sus redes sociales este domingo 21 de enero, a un día de la resolución de la jueza.