«Seguiremos exigiendo castigo a perpetradores y cómplices del Caso Ayotzinapa»: Encinas

El exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que en 2024 seguirá pidiendo castigo para los responsables de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Esto luego de que renunciara a su cargo en la administración federal tras ser parte de las investigaciones actuales sobre el caso durante cinco años.

A través de redes sociales, Alejandro Encinas compartió un mensaje de año nuevo diciendo que en 2024 seguirá con otros exigiendo justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa. Asimismo, mencionó que solicitarán que a los perpetradores y a los cómplices de la desaparición de los 43 estudiantes les caiga todo el peso de la ley.

Como respuesta, muchos usuarios criticaron al exjefe de Gobierno sustituto del Distrito Federal (2005-2006) opinando que tal mensaje mostraba su incompetencia como funcionario federal. Esto debido a que como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración le tocó presidir también la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), instancia de colaboración gubernamental para investigar el móvil del crimen contra los jóvenes, dar con su paradero e indagar el actuar gubernamental de entonces.

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Durante su gestión como parte de la Secretaría de Gobernación, Encinas Rodríguez fue el encargado de dar a conocer dos informes de la Presidencia de la Covaj, siendo el primero de ellos el 18 de agosto de 2022. En esa ocasión, compartió que las indagatorias apuntaban a que lo ocurrido en Iguala hace más de 9 años fue un crimen de Estado; esto dado que concurrieron en la desaparición de estudiantes tanto integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, como agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, mientras que otros fueron omisos a nivel federal y estatal.

Asimismo, externó que habían ya oficialmente encontrados los restos de tres de los 43 jóvenes, pero que no había indicio alguno de que los estudiantes estén vivos todavía. Además, negó la “verdad histórica” presentada años atrás por el exprocurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, pues se presentaron indicios que los jóvenes no habían vuelto a estar juntos para ser incinerados en el basurero de Cocula, como afirmó el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que “hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes”.

Desde entonces se observó un alejamiento con los padres de las víctimas de aquella noche en Iguala, quienes exigían más investigación al Ejército Mexicano; asimismo, hubo cuestionamientos a la investigación por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos últimos afirmaron que las capturas de pantalla usadas como pruebas contenían diversas irregularidades, como el que no coincidía la fecha de los mensajes con la existencia de las «palomitas azules» de WhatsApp, ya que estas aparecieron hasta versiones posteriores de la aplicación.

Para el segundo informe de la Presidencia de la Covaj, presentado el 27 de septiembre de 2023, el entonces subsecretario expresó que había tres hipótesis que explicaban el ataque a los 43 de Ayotzinapa: 1) fueron confundidos con miembros de un grupo delictivo; 2) una revancha por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; y 3) la posible existencia de droga, armas o dinero propiedad de algún cártel en alguno de los autobuses tomados por los estudiantes.

En tanto, denunció que el Poder Judicial estaba poniendo obstáculos para poder esclarecer el crimen ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto dado que ha dejado en libertad al menos a 77 de 169 personas consignadas argumentando que declararon bajo tortura, pero sin buscar castigar a los presuntos torturadores.