Gobierno de Yucatán contempla adjudicación directa ilegal para operar el Puerto Progreso

A pesar de que la Ley de Puertos establece que las concesiones portuarias se asignen a través de licitaciones públicas, el estado de Yucatán ya considera la opción de una adjudicación directa para llevar a cabo la expansión y actualización del puerto de Progreso.

Esta propuesta surge tras la decisión del Congreso Estatal en mayo de asignar un presupuesto de hasta 3 mil millones de pesos para dicho proyecto, que prevé actividades como el dragado, el relleno y la creación de una nueva estructura, todo con el propósito de aumentar la funcionalidad portuaria.

Según un anuncio de la comisión encargada del Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, «se ha dado el aval al proyecto propuesto por el Gobierno Estatal, que busca asegurar fondos en los años fiscales 2023 y 2024. Este financiamiento, que suma hasta 3 mil 63 mdp, se destinará a la expansión del Puerto de Altura de Progreso y las obras anexas».

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No obstante, esta iniciativa genera inquietudes en cuanto a su legalidad y al impacto económico en la industria portuaria. El Sistema Portuario Nacional, que opera mayormente bajo control federal desde 1993 y está supervisado por la Secretaría de Marina (Semar), establece un marco legal claro en la Ley de Puertos.

El planteamiento del gobierno yucateco de supervisar la ampliación portuaria mediante una entidad estatal específicamente creada para tal fin ha suscitado cuestiones acerca de su alineación con la normativa actual. Expertos en el ámbito portuario argumentan que las disposiciones legales son inequívocas al señalar que dichas concesiones deben otorgarse mediante licitaciones públicas, descartando así la viabilidad de adjudicaciones directas.

El texto legal expresa: “Las concesiones aludidas en esta sección serán concedidas vía concurso público”.

Además, es crucial señalar que, conforme al artículo 3 de la Ley de Puertos, todos los asuntos vinculados con la administración, operatividad y servicios asociados a los puertos están bajo jurisdicción federal.

La gestión adecuada de los puertos es un pilar para la evolución económica y operativa de México, especialmente en lo que respecta a la eficacia en la manipulación de contenedores y las operaciones de carga y descarga.

Se ha observado una tendencia similar en otros puertos, como Tampico, Altamira, Veracruz y Manzanillo. Esto podría insinuar transformaciones en el horizonte del Sistema Portuario Nacional, que ha prosperado gracias a la claridad normativa y a la confianza generada entre inversores, donde los privados representan más del 80% de la inversión total.