Jueces, un obstáculo en la investigación de caso Ayotzinapa: Encinas

Pese a que hasta el momento hay 132 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Iguala (CoVAJ), indicó que han tenido obstáculos por parte de los integrantes del Poder Judicial, jueces, específicamente, que han dejado en libertad a imputados, hayan dado libertad bajo fianza o que hayan ordenado la destrucción de videos de las cámaras del Palacio de Justicia.

El funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los jueces hayan concedido también otorgar libertad bajo fianza a unos individuos involucrados en la desaparición, además de que “permitieron evasiones”. Y lo que consideró más grave, que existan jueces que consideren que el delito de desaparición forzado es prescriptible cuando no es así porque se trata de un delito de lesa humanidad.

En el segundo informe de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, el funcionario federal explicó que de los 132 detenidos, 41 son integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 71 policías, entre ellos 5 federales, 3 federales ministeriales, 7 estatales, 2 del municipio de Cocula, 9 de Huitzuco y 45 de Iguala.

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Asimismo, el exprocurador Jesús Murillo Karam, el titular de la Unidad especializada en materia de delios contra el secuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), un exministerio público de la SIEDO, el exsecretario de seguridad estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarcas; así como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y 14 elementos de la Sedena, entre ellos altos mandos. De estos aprehendidos, en el último año se detuvo a 35.

Sin embargo, dijo que también tienen 51 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución entre las que se encuentran 16 integrantes de grupos delictivos, 3 de funcionarios de gobierno, 6 de elementos del Ejército, 4 de la policía estatal, 4 de la policía municipal de Iguala y 18 de la policía municipal de Huitzuco.

Pero destacó que hay tres peticiones de extradición en curso, entre las que se encuentra la de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra huido en Israel; el otro se refiere a Abraham ‘N’ y a Ulises ‘N’. Sin decir los nombres completos, aseguró que uno de ellos se trata de un cercano a Zerón de Lucio y el otro es quien estuvo en la Barrandilla de Iguala cuando entregaron a los estudiantes.

En el caso de las resoluciones que los jueces han tenido en el caso de la desaparición y procesamiento de los imputados, dijo que “persisten las decisiones contradictorias”, además de que recordó que 77 de las 169 personas que ya habían sido consignadas fueron liberadas porque el juez aseguró que fueron torturados, pero jamás castigaron a los señalados como torturadores.

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Pero en una acción más grave, explicó Encinas, un juez “ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia. Se restó la validez de las pruebas de cooperación internacional, como las escuchadas por la DEA, peor que ahora se está insistiendo en el proceso para que sean consideradas”.

Asimismo, Alejandro Encinas apuntó que “existe una enorme incomprensión o desconocimiento sobre los testigos de identidad reservada y cómo no se generan las condiciones de la reserva, queriendo que se presenten ante el juez, se identifiquen y declaren directamente sin ninguna provisión de cuidado”.

En ese sentido, continuó, “existen más obstáculos”. Sin embargo, únicamente abordó dos de ellos: criticó que los integrantes del Poder Judicial hayan modificado la medida cautelar dictada al general Rafael ‘N’ otorgándole el beneficio de llevar su proceso en libertad porque estimaron que existía un riesgo bajo de que se sustrajera de la justicia.

“Una de las más graves interpretaciones es que algunos jueces, con absoluto conocimiento de la ley, consideran que el delito de desaparición forzada es prescriptible. Lo cual es absolutamente falso. Nunca prescribe un delito de lesa humanidad, de esta grave violación a los derechos humanos”.

Todo esto, se suma al reciente amparo concedido a Tomás Zerón por parte de un juez para que las autoridades, incluido Alejandro Encinas, no puedan referirse a él como «torturador», pese a que en medios de comunicación circularon videos donde se le ve ejercer tortura contra un involucrado en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.