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INE aprueba acuerdo para fiscalizar a aspirantes de Morena y el FAM
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para fiscalizar los gastos de los aspirantes de Morena y el Frente Amplio por México. Ello con miras a acotar más a los participantes de los procesos de selección ante los reportes de bardas, espectaculares y actos que podrían implicar una campaña anticipada y romper la equidad de la contienda de 2024.
El Congreso General del INE aprobó, con 7 votos a favor y 4 en contra, el Acuerdo CF/009/2023 por el cual se establecen lineamientos y procedimientos para identificar, mediante monitoreo y visitas de verificación, actos y propaganda realizados por los aspirantes de Morena y el Frente Amplio por México. Asimismo, se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) comunicarse y coordinarse con las diversas áreas para el cumplimiento de estas metas y sus atribuciones.
El órgano constitucional autónomo señaló que dicha vigilancia sobre los sujetos obligados y personas vinculadas se hará independientemente de la denominación que se les dé a sus procesos en los ámbitos federal y local, previo al inicio de las precampañas y los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía, en los procesos electorales federal y locales 2023-2024. Cabe recordar que tanto el oficialismo como la oposición han negado estar en campaña para elegir a sus candidatos presidenciales pese a las similitudes de sus procesos con las precampañas.
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En el caso de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), argumentan estar buscando al “Coordinador Nacional en Defensa de la Transformación”; en tanto, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) han dicho que no buscan actualmente a la persona que encabece su candidatura presidencial sino al “Responsable Nacional para la construcción del Frente Amplio por México”.
El acuerdo prevé también consecuencias para los partidos que incurran en una violación a las leyes electorales para posicionarse electoralmente antes de tiempo. Según este, si autoridades jurisdiccionales resuelven, con base en los monitores y visitas de verificación, que existen actos anticipados de precampaña o campaña, el dinero invertido en estos se acumulará a los topes de gastos correspondientes.
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