Exhibe Luis Rodríguez Bucio jueces que favorecieron a presuntos “huachicoleros”

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a varios jueces que en este año favorecieron a presuntos “huachicoleros” pese al combate emprendido por el gobierno federal contra el robo de combustibles. Dicha presentación se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara que continuarían denunciando pública y legalmente a jueces que beneficiaran a criminales.

Durante la conferencia presidencial, Luis Rodríguez Bucio comentó que en julio de 2019 se identificó una toma clandestina en el la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México. Mediante esta desviación, personas estaban extrayendo litros de gasolina, que circulaba por el poliducto Azcapotzalco, hacia el domicilio ubicado en el número 100 o 100 bis de la calle Lago Garda.

Dada la peligrosidad de la situación, el predio fue asegurado y al catearlo se localizó un centro de almacenamiento de combustible robado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación. Este caso fue judicializado ante el juez Arturo Medel Casquera, quien en enero de 2023 decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño del inmueble y liberó el domicilio aduciendo que no se acreditó si la toma clandestina está en el número 100 o en el 100 bis, aunque se trataba del mismo predio.

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El general detalló que este mismo año, durante mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó nuevamente olor a hidrocarburo en el mismo inmueble. Ante eso, se inició una nueva carpeta de investigación y el predio volvió a ser asegurado.

El segundo caso mostrado ocurrió en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. Sobre este, el funcionario mencionó que de 2020 a la fecha Pemex ha identificado 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 del poliducto Tuxpan-Tula, ante lo que se han abierto 20 capetas de investigación. En tanto, precisó que en dicho lugar se encuentra la exhacienda San Juan Hueyapan, propiedad de Ernesto “Tinajero”.

El subsecretario contó que el 19 de noviembre de 2021, con el apoyo de un canino de nombre ‘Bono’, se identificó una de estas tomas clandestinas. Pemex acudió a deshabilitar dicha desviación de hidrocarburos, ante lo cual “Tinajero” se opuso, por lo que se le denunció por encubrir el delito; sin embargo, la jueza Gabriela Capetillo Piña no consideró válida esta forma de detección de la toma.

“En enero de este año Ernesto ‘Tinajero’ fue citado a comparecer en una audiencia por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos y, tras acogerse al término constitucional de 72 horas, se le decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Tres días después, el 13 de enero, la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes dictó auto de no vinculación a proceso, pues consideró que no se acreditaron elementos del tipo penal, aun cuando el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior de su predio, así como del robo del hidrocarburo que se realizaba en el mismo”, narró.

Este caso no cerró ahí, dado que el 18 de enero, la FGR apeló la determinación de la jueza; sin embargo, esta determinación fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación número 29, ya que sus encargados consideraron que los agravios expuestos resultaban infundados e inoperantes. Por si fuera poco, el juez Jesús Anim Ope Islas, del Poder Judicial de Hidalgo, concedió el beneficio de suspensión condicional a favor de “Tinajero” luego de ser detenido, el 21 de enero del 2023, por delitos contra la salud, por lo que pudo salir en libertad condicional.

El último caso expuesto por Luis Rodríguez Bucio ocurrió en Atlacomulco de Zúñiga, Estado de México, el pasado el 30 de diciembre de 2022 cuando Fernando “N” fue detenido por la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando una remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara. Este fue presentado ante el juez de control Edgar Alonso Ambriz Tovar, por el delito de alteración de ductos; sin embargo, el juez ordenó su libertad, pues a su parecer la pala que traía en la mano no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina, ni se le podía atribuir que él hubiera colocado la toma clandestina en el lugar donde había sido detenido.