¿Qué es un Golpe de Estado Técnico?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende dar un “Golpe de Estado Técnico” con sus decisiones contra leyes y acuerdos impulsados por su gobierno. Las referencias al concepto son pocas, pero algunas sí se asemejan con la denuncia del mandatario nacional respecto a que el Poder Judicial está buscando parar el proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo.

Aunque en otras ocasiones había hablando del “Golpe Blando”, AMLO esta vez no hizo referencia a una generación de malestar o implantación de ideas mediante los medios de comunicación o activistas para desestabilizar a un gobierno. En contraste, al hablar de “Golpe de Estado Técnico” describió que los mecanismos internos del Poder Judicial estaban siendo utilizados para detener el actuar de otro que es igual ante la ley.

En 2020, la abogada colombiana Diana Patricia Higuita Peña, investigadora del Instituto de Estudios políticos de la Universidad de Antioquia, publicó un libro analizando sobre si en realidad llegaron a su fin los “Golpes de Estado” en América Latina. En ¿Fin del golpe de Estado?, la académica indicó que todavía no existe como tal el concepto usado por López Obrador y existe la duda de si lo visto en varias naciones, sobre intentos bruscos de cambio de mandatarios o instituciones estatales, se puede calificar como un “golpe”; sin embargo, acepta que ante ese es necesario volver a reconsiderar los límites del concepto para lo que pasa en la actualidad.

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Ante el reto de replantear el estudio de este fenómeno, la autora del libro resaltó que el periodista italiano Curzio Malaparte advirtió en el periodo entreguerra del siglo XX que los “Golpes de Estado” en realidad eran un problema de orden técnico, dado que una minoría se hace de los centros vitales del Estado. Ante eso, esta reflexionó que “si el Estado era una máquina, el éxito de la toma ilegal dependía menos de acciones espontáneas y de las condiciones generales del país, que del uso de elementos tácticos y estratégicos para el desmantelamiento de sus engranajes”.

Diana Patricia Higuita también rescató un texto del año 2012 de Guillermo Morales Ruiz y Alberto Rocha Arrieta, maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y el entonces egresado de la licenciatura en Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respectivamente. En este , los autores mexicanos plantean que hubo un “Golpe de Estado técnico” por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León porque “descabezó” a la SCJN al destituir a sus 26 miembros porque podían resultarle incómodos y en cambio dejó un modelo que permite a los presidentes influenciar en sexenios siguientes.

Sobre su validez, la investigadora subrayó que el cambio se llevó a cabo “presuntamente” para el fortalecimiento del Estado de Derecho y esa fue la justificación. En tanto, los autores mexicanos, citando a Pedro Rivas Nieto, investigador del área de Ciencias Políticas y profesor de la  Universidad Pontificia de Salamanca en España, advirtieron en su texto que “en la actualidad, mientras más madura sea una sociedad, más maduras deberán ser las técnicas que se empleen para la conquista del poder”. En tanto, indican que los medios de comunicación también son importantes para ayudar a difundir la idea de que los productos de esos “golpes” son legales.

Diana Higuita también enfatiza que en la actualidad no se ven en América Latina los “Golpes de Estado” militares como los de Augusto Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay o Jorge Rafael Videla en Argentina. Sin embargo, indica que también han habido “descabezamientos” recientes del Poder Ejecutivo argumentando cuestiones legales.

“Si primero eran corrientes las maniobras militares apoyadas por el cuerpo legislativo, no se sabe si por fortaleza institucional propia o siguiendo la corriente de las dictaduras de entonces, hoy en día es cada vez más frecuente la realización, exitosa o no, de juicios políticos […] Guardando las apariencias democráticas, se preserva la estabilidad del régimen a pesar de la inestabilidad de los gobiernos”, apunta en su libro.

Bajo esa óptica, contempla como “Golpes de Estado con legalidad forzada” los sufridos por Manuel Zelaya en Honduras en 2009; y el de Fernando Lugo Méndez en Paraguay durante 2012. En ellos encuentra elementos como 1) sorpresa, planificación relativamente secreta y vertiginosidad en la ejecución y excepcionalidad; 2) efecto de desplazamiento y reordenamiento de las relaciones de poder o transformación profunda de las reglas del juego político; y 3) la participación de élites políticas o grupos minoritarios en las destituciones.