A dos años de colapso de L-12, víctimas no llegan a acuerdo con el gobierno de la CdMx

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) diera a conocer que ha logrado suscribir 117 acuerdos reparatorios entre las víctimas del colapso y las empresas constructoras, los 14 afectados que son representadas por el abogado Teófilo Benítez Granados afirman que con ellos no ha habido acuerdo porque no las autoridades no han priorizado la reparación del daño, como afirman.

En conferencia de prensa desde la zona cero del colapso de la Línea 12 del Metro —entre las estaciones Tezonco y Olivos—, las víctimas en compañía de su defensor acusaron a la Fiscalía de mentir “con supuestos acuerdos reparatorios para cubrir los estragos de las secuelas del colapso de la Línea 12, que nunca han existido”.

El litigante señaló que como hace 24 meses, cuando ocurrió la tragedia, la lucha de justicia es lo que sigue moviendo a los lesionados y a los deudos de los fallecidos, pues lo único que exigen es tener una reparación del daño conforme a derecho, pues la cobertura de gastos médicos y psicológicos, además de las necesidades básicas de los afectados han dependido solamente de lo que ellos mismos generan día a día, pese a las condiciones físicas en las que quedaron.

Por su parte, Marisol Tapia, madre del niño Brandon, fallecido durante el desplome del 3 de mayo de 2021, dijo: “Somos 14 víctimas que no hemos aceptado las condiciones de reparación del daño que impulsó y avaló la Fiscalía de Ernestina Godoy, una reparación que fue más una burla, para tratar de encubrir la falta de mantenimiento. Hoy, al igual que hace 2 años, exigimos que la investigación llegue a Florencia Serranía, que sea presentada ante los tribunales, para que responda por la tragedia que sigue con un velo de impunidad que ha tendido la Jefa de Gobierno, quien ahora pretender llegar a la presidencia del país”.

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Sobre ello, Benítez Granados subrayó que la Fiscalía “miente sistemáticamente” al afirmar que ha priorizado a las víctimas, y muestra de ello es que pasado unos meses dejó sola a la señora Marisol, “dejó de contactarla, y le retiró el apoyo institucional como víctima del delito”, dijo.

“Nosotros no mentimos, somos resultado de la corrupción imperante de este gobierno, de la falta de cuidados y profesionalismo de quienes estaban al frente del Sistema de Transporte Colectivo Metro el día de la tragedia, pero el Gobierno de la Ciudad fue más allá al encubrir a Florencia Serranía, funcionaria que después fue premiada con una beca del Conacyt, lo que demostró el poco valor por la vida humana de las víctimas y sus familias, por parte del Gobierno”, sostuvo.

El abogado recordó que desde 2019 el propio Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro) realizó sobrevuelos con drones en la zona del desplome para saber en qué estado se encontraban las estructuras y desde ahí se daba cuenta de las “deficiencias en el mantenimiento”, pero pese a esas evidencias, “hubo una nula actuación” de Florencia Serranía, entonces directora del Metro, lo que ocasionó que se diera el desplome, accidente que pudo haberse evitado.

Por otro lado, Teófilo Benítez negó que sus representados hayan recibido servicios médicos desde el inicio, pues dijo que han tenido que demandar al gobierno de la ciudad para que accedan a su derecho a la salud. “Lo dicho queda demostrado con la resolución del amparo que se acaba de ganar donde la autoridad federal el 26 de abril del año 2023 ordenó que se realicen al quejoso una valoración médica amplia y exhaustiva”.