“Ministro Laynez arrancó hojas de la Constitución”, Presidencia impugnará suspensión del Plan B

La Presidencia de la República adelantó que impugnará la suspensión del ‘Plan B’ que este viernes 24 de marzo concedió el ministro Javier Laynez Postisek al Instituto Nacional Electoral (INE) ante la controversia constitucional que interpuso. “El ministro Potisek arrancó hojas a la Constitución”, explicó la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo al señalar que el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la nueva ley aprobada por el Poder Legislativo y ordenara “revivir” las disposiciones derogadas, controversia que “la ley no permite”.

Según la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, de acuerdo con el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria “no deben suspenderse los efectos de la una norma general”, además de que el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral”, en ese sentido afirma que “la Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.

Por ello, destaca que, conforme a los propios criterios de la Corte, las medidas cautelares en materia electoral solo pueden otorgarse respecto a actos inminentes e inmediatos, pero nunca sobre el futuro, y en este momento no hay ningún proceso electoral federal en proceso, por lo que no tiene aplicación.

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Por este motivo, acusa, es “preocupante” que el ministro Laynez suspenda la aplicación de la totalidad del decreto aprobado de manera legal por el Congreso de la Unión, cuando el INE no lo solicitó de esa forma, sino que solo impugnó algunas de las normas que considera que afectan la operación del órgano.

Además, precisó que no es “normal” que en viernes por la noche y sin notificar previamente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan importante como lo es la suspensión del Plan B, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, cuando la Constitución no lo permite. “Y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, acción que no sucedió para conceder la suspensión.

Ante esto, la Presidencia de México señala que entonces se trata de “un régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.

Por todo lo anterior, que califica de “arbitrariedades”, la Consejería adelanta que interpondrá un recurso de impugnación, pues exige que los ministros de la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden”, sin traspasar los límites que les impone la Constitución y las leyes, porque subraya, esta es la única forma de que se garantice el orden constitucional y democrático. Al mismo tiempo rechazó que con la aplicación del Plan B se pongan en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la organización de elecciones, sino que el objetivo es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos de los ciudadanos para que estos sean respetados.