Ministro Laynez acepta recurso del INE y pone pausa al “Plan B” de reforma electoral

El ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en pausa la implementación del “Plan B” de reforma electoral , impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto al admitir un recurso promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE), desde el cual consejeros como Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón se han opuesto señalando que el paquete de modificaciones impide el funcionamiento del órgano constitucional autónomo.

A través de un boletín, la SCJN informó que el ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el INE en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’.

Derivado de ello, el ministro instruyó, en el mismo acuerdo, solicitar al Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, como autoridades demandadas, presentar su contestación dentro del plazo legal.

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A la par, Laynez Potisek concedió también la suspensión de todos los artículos impugnados del “Plan B” de reforma electoral.  Con ello, se mantendrá la organización electoral tal como lo disponían previamente las normas modificadas por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, menciona el comunicado de la Corte para explicar el motivo de esa medida.

Finalmente, la SCJN resaltó que en ocasiones anteriores también ha otorgado la suspensión de las modificaciones legales al aceptar Controversias Constitucionales  contra reformas que pudieran vulnerar de manera irreparable los derechos humanos. En tanto, mencionó que ante el “Plan B” eso es justificado porque podría estar implicando una  posible violación a los derechos político-electorales.