Plan B no atenta contra la Constitución, ni autonomía del INE: CNDH

“El proyecto de Decreto (Plan B) no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía”, afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

La comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra señala que las reformas no tocan la organización, ni autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) como se ha hecho creer al pueblo de México por parte de algunos integrantes del propio órgano electoral o por la oposición.

“No se advierte alguna situación derivada del contenido de las normas aprobadas que obligue a presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales, pues la afirmación de que así será se basa en especulaciones y no en contrastes directos, objetivos y abstractos con la Constitución Federal”, afirma la CNDH en un extenso comunicado.

Agrega que en el proyecto de decreto no se advierte que se influya o impacte en la autonomía e independencia, pues el INE seguirá tomando determinaciones según su ámbito de competencia sin la injerencia de ningún otro poder u organismo. Además de que sus decisiones serán tomadas exclusivamente por sus integrantes y en la dirección que ellos lo decidan.

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Asimismo, precisa que no se afecta la organización del instituto, pero sí busca eliminar los excesos en los que ha incurrido el INE y sus antecesores como el IFE, por lo que recordó que al ser una institución que recibe recursos públicos, está obligada a observar el principio de austeridad que es ley, y cuyos recursos deben ser administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

De esta forma, señala, se “impide la realización de pagos arbitrarios, al prohibir a las instituciones hacer gastos que no estén programados en el Presupuesto de Egresos o previstos en ley posterior”.

En ese sentido, evidenció que el INE es un organismo que “inobserva esos principios de rango constitucional, al ser una institución que se ha caracterizado por los abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo, y a pesar de ello su desempeño ha obstaculizado la garantía del derecho a la democracia, sobre todo la participativa (negativa a hacer la consulta popular sobre el juicio a ex funcionarios, y su tentativa de aplazar la revocación del mandato) así como que las elecciones sean libres, confiables, democráticas y auténticas (cancelación de algunas candidaturas, entre otras)”, asegura.

En concreto, apunta que la reforma busca disminuir la “excesiva” burocracia que tiene el INE, pues afirma que tiene una estructura que permite la duplicidad de funciones, e incluso tiene áreas que están inactivas por largos periodos de tiempo, pero siguen representando un gasto al Estado.