UNAM impugna suspensión que le impide pronunciarse sobre caso Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impugnó la suspensión provisional concedida a la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la que se impide que la institución educativa pueda difundir información sobre el proceso de investigación que sigue contra ella por el presunto plagio que habría cometido de su tesis de licenciatura.

La queja presentada por la universidad, el rector, Enrique Graue Wiechers; el Comité de Ética y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, fue recibida por la jueza quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, quien turnó los diferentes recursos de queja al Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito.

“Se tienen por recibidos los oficios registrados con los números de folio 3933, 3924 y 3935, de las autoridades responsable, rector, presidenta del Comité Universitario de Ética, integrantes del comité; el director de la FES Aragón, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del cual interponen recursos de queja contra el proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, por el que se concedió la suspensión provisional”, respondió la jueza a los quejosos.

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La suspensión otorgada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contempla que la UNAM no puede emitir comentarios ni divulgar información relacionada con el caso de investigación que lleva a cabo el Comité de Ética acerca del presunto plagio, al menos hasta que se obtenga la resolución definitiva, cuya audiencia estaba programada para este miércoles 22 de febrero, pero que se tuvo que suspender hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas presentadas por la universidad.

“La medida cautelar concedida también tiene por efecto que las autoridades responsables y todas aquellas que tengan intervención en el asunto se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que divulguen información relativa al caso, pues como se relató, ello atenta contra el principio de presunción de inocencia”, precisa.

Y abunda que esta medida cautelar “no puede considerarse que afecta la libertad de expresión”, pues los servidores públicos de la universidad no deben olvidar su responsabilidad y obligación de “actuar con moderación cuando expresen sus opiniones”.