¿Fue Fox el que detuvo el proceso judicial contra AMLO en 2005?

El expresidente Vicente Fox Quesada aceptó este fin de semana que intervino en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2005, aunque señaló que fue para detener el proceso judicial en su contra. Sin embargo, dicha reacción no fue un gesto de generosidad por parte de su administración, sino el resultado de la presión social que generó su intento de descarrilar las intenciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El 18 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Rafael Macedo de la Concha, solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de AMLO. El entonces subprocurador de Delitos Federales, Carlos Javier Vega Memije, señaló que el jefe de Gobierno era probable responsable de la comisión del delito de violación a la suspensión tipificado en el artículo 206 de la Ley de Amparo y que debía ser sancionado conforme al artículo 215 del Código Penal Federal

Al respecto, detalló que López Obrador desacató un mandamiento judicial por no obedecer la suspensión definitiva, derivada del Juicio de Amparo número 862/00, dictada por el Juez Noveno de Distrito den Materia Administrativa en el Distrito Federal, en favor de propietarios del predio El Encino, en Santa Fe, Cuajimalpa.

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“De las constancias se demuestra en forma inequívoca que durante 11 meses consecutivos –óigase bien: ¡durante 11 meses consecutivos!– el jefe de Gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la orden, expresa y clara, de que debía suspender las obras de apertura de vialidades en un predio cuya expropiación estaba cuestionada por ilegal, y que debía abstenerse de cancelar o bloquear al propietario los accesos al predio El Encino”, diría el jueves 7 de abril de 2005 durante la sesión de la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia donde se desaforaría a AMLO.

Sin embargo, dicho procedimiento tenía un trasfondo político ante la creciente popularidad del López Obrador en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2006. Durante su contestación a Vega Memije el día del desafuero, el jefe de Gobierno capitalino argumentó que nunca hubo desacato porque no se terminó la vialidad por la que se le quería procesar; como prueba, mencionó que su gobierno terminó por hacer un camino alterno para comunicar al hospital ABC, de modo que adjudicó el proceder judicial a la intención de quitarle sus derechos políticos con miras a las elecciones.

«México hoy se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan, junto con los que malgobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Ése es el fondo del asunto», comentó.

Aunque el desafuero fue aprobado por la mayoría legislativa del PAN y el PRI, la defensa popular de la figura de López Obrador se acrecentó y las críticas a Vicente Fox aumentaron. En un aparente intento de frenar el efecto en su contra, los diputados capitalinos Gabriela Cuevas y Jorge Lara, del PAN, acudieron a pagar la fianza para que el jefe de gobierno quedara en libertad bajo caución y no se «victimizara».

Sin embargo, ello pareció no tener nuevamente un resultado positivo esa medida adoptada desde el panismo para frenar la ola “lopezobradorista”. Muestra de ello fue 48 horas después, el 24 de abril, se llevó a cabo la “Marcha del Silencio” en apoyo de AMLO en Ciudad de México, la cual logró la movilización de aproximadamente un millón 200 mil personas de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

«Mi Gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda», declaró Vicente Fox en un mensaje a la nación solo tres días después, periodo en donde recibió y aceptó la renuncia del procurador Rafael Macedo de la Concha. En tanto, prometió que se haría una nueva revisión exhaustiva al expediente de consignación del mandatario capitalino con el fin “de preservar dentro del marco de la ley, la mayor armonía política del país”.

Tras unos días, el 4 de mayo, la PGR, ahora bajo el mando de Daniel Francisco Cabeza de Vaca, anunció que aunque considerable de un delito a AMLO, determinó que no ejercitaría una acción penal en su contra, dando así por terminado el episodio.