Uno de los 43 de Ayotzinapa era informante militar y Sedena no reaccionó ante su desaparición: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo haber impedido el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en 2014. Esto dado que su informante al interior de la Normal Rural “Isidro Burgos” era uno de los estudiantes que estaban en Iguala y le dejó de responder a sus superiores desde las 10:00 a.m. desde el día de la desaparición de los 43.

En conferencia de prensa, Alejandro Encinas dijo que desde el momento en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa comenzaron a prepararse para participar en la marcha del 2 de octubre de 2014, las autoridades municipales, estatales y federales estuvieron realizando un seguimiento de sus acciones. Al respecto, contó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa encontró que la Sedena tenía al interior de la escuela al soldado Julio Cesar López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos en Iguala.

Este dijo que López Patolzin era responsable de informar lo que acontecía al interior del centro de estudios, las movilizaciones e incluso estaba dando datos sobre los actos preparatorios del 2 de octubre. El soldado, que estaba bajo las ordenes de teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27º batallón, dio su último reporte a las 10 de la mañana el día de la desaparición de los jóvenes.

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“Desapareció junto a los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y búsqueda como establece el protocolo para militares desaparecidos”, expresó el subsecretario, quien agregó que de haberse aplicado la norma se hubiera permitido buscar al soldado para proteger no solo su identidad sino la de todos los normalistas.

Alejandro Encinas subrayó que las pruebas de que las autoridades federales, estatales y municipales estaban recibiendo información desde dentro del grupo de estudiantes fue que sabían de la toma de camiones, el traslado a Iguala, su paso por la caseta, la llegada a la central de autobuses, hechos de persecución y la violencia de la que fueron objeto.

Finalmente, el subsecretario dijo que las omisiones en que ocurrieron las autoridades acreditan un nivel de responsabilidad por acción, omisión o negligencia porque de haber intervenido oportunamente con la información se hubiera impedido el asesinato de los estudiantes.