Acusa Layda Sansores a ‘Alito’ Moreno de evasión fiscal, asociación delictuosa y lavado de dinero con nuevos audios

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundió dos nuevos audios mediante los cuales acusó al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, de incurrir en los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Esto al mostrar que estuvo ocultando propiedades para posteriormente venderlas, triangular el dinero y no pagar los impuestos correspondientes.

En el primer audio exhibido se escucha hablar a ‘Alito’ Moreno con un contador identificado como “Zertuche”, quien le dice que vio una empresa que se dedica “a eso” y le gustó mucho para aplicar su plan. Según explicó, mediante un comodato le prestarían un terreno a la empresa por 10 u 8 años con fecha de 2014 donde puede hacer lo que quiera, desde un estacionamiento hasta un kinder.

La ventaja de ello sería que no estaría obligado a reportarlo en la declaración patrimonial del diputado federal y que en cuanto se termine el contrato le tendrían que pagar. «Y ahora, vamos acá, ya se le acabó el contrato, ¿y qué crees, papá? Me pagas”, se escucha decir al contador. Ante ello, señaló que el avaluó más alto posible de la propiedad sería de 10 millones 490 mil pesos.

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Como respuesta, el presidente del PRI declaró que al final lo que desea es que le paguen como cifra mínima 12 millones, a lo que le prometió su interlocutor que haría lo posible por subirle otro poco dado que lo que hay adentro no vale la pena. Moreno Cárdenas explicó que con ese dinero estaría pagando el terreno “El Panqué” a “Salazar” y el edificio “de Tomás” para poner este último en renta. Asimismo dijo que vendería la otra propiedad de su mamá .

«En el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa le voy a decir que me la pague Eduardo Macari. Él me la va a pagar, entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande [El de Roca]», comentó Alejandro Moreno y pidió que lo ponga en 15 millones de pesos para que se los paguen a su mamá y posteriormente se los pase ella a su cuenta.

Por último, este reculó en el precio al saber que tendría que pagar 1.5 mdp, por lo que sugirió ponerle 12 mdp o 13 mdp para que quede en 11 mdp. No obstante, dijo que no importaba porque en cuanto pasara a estar en la «Cámara» saldrían cosas.

La gobernadora de Campeche comentó que este audio demuestra que Moreno Cárdenas en realidad no donó nada a su madre, sino que únicamente la utilizado como prestanombres para hacerse de terrenos y posteriormente de dinero “lavado”. En tanto, sugirió que se abra una investigación contra Eduardo Macari, a quien identificó como un empresario vinculado con la actividad hotelera como parte de la red de evasión de impuestos y doble contabilidad del líder tricolor.

En el segundo audio se escucha a su contador decirle que les alcanza para «el edificio de Alejandra Sélem» que comprarán en 7 mdp y 3 mdp que deben, por lo que pagarán 10 mdp en total. En tanto, el exgobernador contesta que «con el otro putazo» pagará el terreno «El Panqué». «Ya todas las cosas están bien, vamos a tener unos 10 o 12 millones en la cuenta para Chris esté tranquila», añade y el contador le contesta que además podría vender alguno de los “varios terrenos» menos el «grandotote».

En tanto, le pidió a quien le lleva su contabilidad que le explique cómo le serán pagados otros 12 mdp, aceptando posteriormente que sean 4 mdp mensuales pero que no haya ningún tipo de enredo y sea claro quién le pagó.

Finalmente, Layda Sansores consideró que ‘Alito’ Moreno está recibiendo una “cueriza” por los audios que está dando a conocer y le pidió al exgobernador no mentir respecto a que está siendo víctima de persecución política o espionaje y mejor asumir la responsabilidad de sus declaraciones. Esta insistió en que las grabaciones le fueron entregadas, por lo que no cometió ningún delito al obtenerlas; en tanto, señaló que están siendo difundidas para sensibilizar a la gente con el fin de que conozcan quién es el presidente del PRI en realidad, por lo que está dispuesta a pagar hasta el doble de la multa que le podrían imponer en caso de que se acredite que está incurriendo en una falta administrativa o delito.