La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso contra contra la postergación de la revocación de mandato. Este recurso es el segundo en su tipo que se acepta en contra de la decisión del del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, admitió la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica del gobierno federal, encabezado por AMLO. Con ello, el poder ejecutivo federal estaría logrando detener también el intentó de postergar la preparación del ejercicio de revocación de mandato.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el Consejo General del INE votó un acuerdo para aplazar la organización de la consulta argumentando que no tenía recursos para continuarla. Este recurso fue aprobado con seis votos a favor y cinco en contra; sin embargo, se anunciaron acciones contra esa determinación.

Te puede interesar: “No se debe penalizar, pero consejeros cometieron un error y lo tendrían que reconocer”: AMLO

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró minutos después que promovería una controversia constitucional ante la SCJN. Esto al considerar que con lo votado se incumpliría el mandato constitucional y la norma que estableció que el INE haría ajustes presupuestales pertinentes para cumplirlo.

La advertencia del diputado morenista se concretó el 21 de diciembre, cuando confirmó en sus redes sociales que había decidido impugnar la decisión apoyada por Lorenzo Córdova Vianello, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez.

Solo un día después, el presidente del órgano de la Cámara de Diputados recibió de la Comisión de Receso de la SCJN la noticia de que había sido admitido su recurso. El máximo tribunal justificó su respuesta diciendo que el presupuesto de 1,503 millones de pesos aprobado para la revocación de mandato «constituye un indicador de viabilidad financiera», de modo que debía continuar con el ejercicio democrático.

Finalmente, recordó que anteriormente ya se había ordenado al INE reajustar su presupuesto para cumplir con lo establecido en la Constitución, por lo que rechazar la controversia constitucional y aceptar lo decidido por los consejeros electorales habría sido un contrasentido.