Los 17 gobernadores emanados de Morena y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, criticaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizaría el próximo 10 de abril de 2022.

Tras la aprobación de posponer las actividades relativas a la consulta ciudadana que votaron este viernes seis de los 11 consejeros electorales, los mandatarios estatales rechazaron los argumentos por los cuales los consejeros determinaron posponer la consulta, los cuales aseguraron «buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de los mexicanos».

En la carta firmada por la Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Víctor Castro de Baja California Sur, Layda Sansores de Campeche, Rutilio Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Indira Vizcaíno de Colima, Evelyn Salgado de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, así como Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Miguel Barbosa de Puebla, Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, Cuitláhuac García de Veracruz y David Monreal de Zacatecas, se indica que con la resolución del INE se vulneran los derechos políticos de los ciudadanos.

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Además, recordaron que la determinación tomada por el INE contraviene lo resuelto por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quién ordenó al órgano electoral ajustar su presupuesto y llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

En el documento al cual también se sumaron los gobernadores de Morelos, emanado del PES y San Luis Potosí del PVEM, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Gallardo Cardona, respectivamente, los mandatarios pidieron a los consejeros del INE reconsiderar su decisión de posponer la consulta.

“Por esto pedimos a las y los consejeros del INE la reconsideración de esta decisión, con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el pueblo y la democracia”.

Y agregaron que “pareciera que a algunos de los consejeros del órgano electoral les resultó más fácil explicar ‘por qué no’ posibilitar el ejercicio de un derecho, que encontrar ‘cómo sí’ pudieran garantizarse”.

En ese sentido, añadieron que la lucha por la democracia participativa tiene muchos años y tiene implicaciones que van más allá de quienes hoy ostentan un cargo público.