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Gobierno de Oaxaca pide desaparición del ayuntamiento de Juchitán y asume seguridad del municipio

Foto: Especial

El Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó al Congreso local la desaparición del ayuntamiento de Juchitán, luego de la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, el excomisionado policiaco John Keny Moreno Segura y Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza requiere de una decisión firme. Ante esto, indicó que instruyó al secretario de Gobierno para solicitar al Congreso del Estado declarar la desaparición del ayuntamiento.

«Con ello, dar paso, conforme lo establece la ley, el nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal, a efecto de que conduzca temporalmente el gobierno municipal y los asuntos públicos de Juchitán», indicó.

El mandatario estatal mencionó que su responsabilidad es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán. Además, dijo que seguirán presentes las fuerzas de seguridad y que reforzará la presencia territorial para continuar trabajando con el gobierno federal.

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Asimismo, expresó que el gobierno del estado ha asumido las responsabilidades que le corresponden, pero las circunstancias actuales exigen dar un paso más y confió en que el Congreso del Estado procesará su solicitud a la brevedad posible, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y certera.

La vida del municipio, comentó, no puede detenerse y la atención a la gente tampoco. En tanto, advirtió que los servicios públicos deben mantenerse, tareas de seguridad fortalecerse y las obras o acciones de gobierno deben llegar a las comunidades.

Por la tarde, Salomón Jara dijo que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca acudieron a Juchitán de Zaragoza para llevar a cabo el protocolo de revisión y desarme preventivo de la Policía Municipal. Argumentó que estas medidas son estrictamente necesarias para garantizar el orden y el resguardo del equipo ante falta de garantías jurídicas y administrativas por parte del ayuntamiento.

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