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Aprueba el Senado uso de Fuerzas Armadas hasta 2028 con votos de Morena, PES, PT, PVEM, PRD y PRI

Foto: Especial

El Senado de la República aprobó la noche del martes la reforma para extender la prórroga de uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 luego de que Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES), así como senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyaran el dictamen modificado con una adenda.

Durante el debate, el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, inició los posicionamientos en contra al declarar que si se hubiera cumplido con lo establecido en la reforma de 2019 no se estaría discutiendo una ampliación del uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. En tanto, opinó que no es cierto que con más militares en las calles haya más seguridad, pues esta premisa del modelo de seguridad lleva 16 años sin dar resultados en México.

Asimismo, señaló que es mentira que los militares sean incorruptibles, y que la opacidad y la discrecionalidad con la que se desempeña esta administración va a generar “un extraordinario cáncer de corrupción” al interior de la Sedena y Marina. “Creer que usar uniforme y portar medallas es monopolio de amor a la patria, es un gravísimo error. Un Estado democrático de derecho es aquel que le exige a las Fuerzas Armadas información, transparencia, rendición de cuentas y evaluación”, expresó.

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Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, comentó en un sentido similar que durante 4 años el gobierno morenista ha sido incapaz de consolidar la Guardia Nacional y abandonó a las policías estatales por renunciar a construir una estrategia diferente, eficaz y enfocada en la construcción de la paz. Asimismo, consideró que de aprobarse el dictamen en sus términos se profundizará la ruptura del equilibrio del poder cívico-militar, volviendo a las Fuerzas Armadas parte del problema.

En tanto, consideró que la adenda promovida no atiende de fondo el problema de inseguridad y violencia que tiene México, sino que únicamente buscó arrancar votos de la oposición y construir salidas fáciles. “La trascendencia de lo que estamos discutiendo el día de hoy conlleva, permítanme decirlo así, la viabilidad y el futuro del Estado mexicano como una democracia constitucional capaz de solucionar justamente sus problemas por la vía pacífica, por la vía civil y no militar”, declaró.

Desde la bancada del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu declaró que la discusión era entre defender la supremacía democrática del poder civil o rendir la República y abrir la puerta a un Estado de excepción en caso de aprobarse el dictamen. Esta señaló que la prórroga del uso de militares y marinos en tareas de seguridad pública fue planteada de manera automática, sin diagnóstico, sin información y sin justificación, lo que le hacía imposible acompañar la propuesta.

Finalmente, desde el Partido Acción Nacional (PAN), su coordinador Julen Rementería del Puerto señaló que la verdadera intención era aprobar la militarización, pues no se habla en el documento final de cómo construir una estrategia de seguridad. Asimismo, señaló que lo que se puso sobre la mesa por parte de las bancadas oficialistas era contenido ya establecido en la Constitución que no ha cumplido el gobierno lopezobradorista, pues este no ha rendido cuentas de la estrategia anualmente ni dio recursos a estados y municipios como establecía el artículo transitorio séptimo de la reforma de 2019.

En tanto, acusó que hay miembros de la oposición que cederían porque sucumbieron a presiones e incluso ofrecimientos de dinero. “Si no se está dispuesto a aguantar presiones, señores, la puerta es muy ancha para renunciar o para pedir licencia y traer aquí a quien realmente tenga el coraje, el valor, la determinación de votar a favor de México y no votar por una conveniencia”, declaró el legislador veracruzano.

La 4T defendió el dictamen y sumó a su causa a senadores del PRD y PRI

La defensa más férrea al dictamen fue del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, quien rechazó cualquier tipo de presiones o pago a los legisladores del “bloque de contención” como lo señaló Rementería del Puerto. En tanto, dijo que sería una cobardía que legisladores supieran de actos indebidos y conductas antitéticas sin denunciarlos, acusando que los dichos del senador panista solamente eran un intento de protagonismo estéril y perverso.

Monreal Ávila aseguró que el dictamen es un intento por entregar a los mexicanos instrumentos jurídicos para recuperar la paz y la convivencia pacífica. En tanto, comentó que la nueva redacción respeta el planteamiento de la colegisladora de permitir al presidente disponer de las Fuerzas Armadas hasta marzo de 2028 y además se incorporan con la adenda criterios señalados para su uso extraordinario y un fondo para fortalecer a las policías locales tal como lo han pedido senadores de Morena, PRD, PRI y otros partidos.

No obstante, declaró que los subsidios enviados a los estados y municipios para la seguridad tampoco han sido anteriormente la solución, pues de 2014 a 2022 se transfirieron 70 mil millones de pesos a los gobiernos municipales desde el Fondo de Seguridad sin que se sepa dónde quedaron; asimismo, señaló que del Fortaseg se mandaron entre 2011 y 2015 otros 50 mil millones de pesos a los gobiernos subnacionales sin que se vieran reflejados en el adiestramiento o capacitación de las policías municipales.

Los partidos aliados de la 4T también se posicionaron a favor de la propuesta en el pleno. En voz de Sasil De León Villard, el PES anunció su voto a favor por considerar que la ampliación a la presencia militar en las calles es acertada y necesaria dado que no hay condiciones para que dejen de brindar su apoyo a la Guardia Nacional; por parte del PT, Geovanna Bañuelos afirmó que la reforma impulsa un estado de paz; y el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, indicó que el dictamen dará certeza jurídica para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a las autoridades en tareas de seguridad en diferentes regiones del país.

A diferencia de la sesión de la semana pasada, esta vez el coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, se sumó a la propuesta señalando que la minuta inicial era liviana, pero que los cambios la hacen una nueva propuesta con mejores candados para el despliegue de militares. Adicionalmente, expresó que lo deseable es que las Fuerzas Armadas no realizarán ninguna tarea de seguridad pública, pero reconoció que los gobiernos locales no han construido policías y hay municipios que carecen de estos elementos.

Finalmente, la senadora priista Beatriz Paredes mencionó que la reforma a votarse no era la de la colegisladora, sino una mucho mejor porque además de lo expuesto se incorporan mecanismos de control, evaluación y seguimiento legislativo a la actuación de las Fuerzas Armadas. No obstante, señaló que ahora lo importante es que Morena no paralice la comisión que revisará los informes del poder ejecutivo, sino que sea integrada de manera paritaria entre mayorías y oposición.

Tras la discusión en lo general, se discutieron una serie de reservas promovidas por Emilio Álvarez Icaza, Xóchitl Gálvez y Malu Micher, entre otros. Sin embargo, solamente se avalaron las modificaciones propuestas por Ricardo Monreal Ávila, las cuales fueron más de redacción que de fondo. Al final se llevó a cabo la votación en lo general y particular, cuyo resultado fue 87 votos a favor, 40 en contra 0 abstenciones; ante el resultado y debido a las modificaciones, el dictamen volverá a la Cámara de Diputados.

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