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Seguridad

ONU exige esclarecer las muertes en  La Concepción, Acapulco

Foto: Gobierno de Guerrero

La ONU condena los hechos violentos que ocurrieron en La Concepción, Acapulco (Guerrero) donde fallecieron 11 personas. En la madrugada del 7 de enero hubo diferentes enfrentamientos en los cuales al principio murieron ocho personas y posteriormente, durante un operativo policial tres personas más fallecieron y detuvieron a 38.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demanda el esclarecimiento de los hechos y repudia “las agresiones contra los periodistas que cubrían los hechos”.

A partir de la documentación realizada, la ONU-DH señala que documentó violaciones de derechos humanos durante el operativo, en el cual fueron agredidos periodistas, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, apunta, recibió información sobre actos de tortura, malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

Aunado a ello, la ONU-DH resalta la preocupación por las agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones, a parte fue víctima de robo del material gráfico. Este caso “no sólo es muestra del obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino que también representa un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.

Expresa gran precupación por  la “inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad”. De acuerdo con el comunicado,  el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, indicó que “ toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”.

Jan Jarab subraya que  “el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo […] contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos. De esta manera, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado”.

En dicho mensaje se menciona que, durante el operativo se detuvo a los hermanos Vicente y Marco Antonio Suástegui, y a un grupo de comunitarios que habían matado durante la madrugada a varias personas, entre ellos a dos niños. Donde también los elementos decomisaron droga, armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y vehículos durante la acción.

A partir de la detención, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) anunciaron movilizaciones en Acapulco en apoyo al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y su hermano Vicente, además se añadió que exigirán un juicio político y la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores por represión contra los luchadores sociales.

Las muertes que resultaron de estos enfrentamientos se suman a los más de 80 homicidios dolosos que al arranque de año se tienen registrados en el país como parte de una oleada de violencia que se vive en Chihuahua, Guerrero, Baja California, Morelos, Colima, Zacatecas, Coahuila, Veracruz, Guanajuato,Querétaro y Oaxaca, según fuentes oficiales.

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