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Nación

Aumentan violencia e impunidad en México: AI

Esta mañana Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el que se destaca un aumento significativo de la violencia en todo el territorio nacional. De acuerdo con la información presentada por la organización el panorama mexicano no es nada alentador, puesto que…

  1. El alza en el precio de los combustibles provocó agitación social y trajo como consecuencia cientos de detenciones y varias muertes.
  2. Las fuerzas armadas implementaron varios operativos para aplacar la ola de robos clandestinos de petróleo; donde en al menos una ocasión trajo consigo una «ejecución extrajudicial perpetrada por el ejército en mayo».
  3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resaltó la preocupación por las deficientes medidas de seguridad en las prisiones. A ello se suman los motines en los reclusorios de varios estados.
  4. AI subrayó su profunda inquietud en materia de violencia contra las mujeres, ya que «dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida». Actualmente, no se cuenta con datos actualizados sobre feminicidios, aunque en 2016 se publicaron cifras oficiales donde dos mil 668 mujeres fueron víctimas de homicidio. En 12 estados existían mecanismos denominados “alerta de violencia de género contra las mujeres”, apunta AI.
  5. Los ataques, amenazas y asesinatos en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos no cesan y, paralelamente, el espionaje digital y los ciberataques en contra de este sector de la sociedad eran frecuentes.
  6.  Aún cuando el Congreso aprobó leyes contra la tortura, malos tratos y contra las desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales y no estatales, «las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales». Y agrega AI: persiste «la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional».
  7. El nuevo sistema de justicia penal adversarial continúa reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, donde AI destaca «la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas».

Fiestas, drogas, tortura y muerte: así era el penal de Piedras Negras

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En el reporte de la organización internacional se resalta el alza en el número de homicidios durante 2017, cuya cantidad es de 42 mil 583 reportados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

La cifra anual de homicidios «es la más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012», detalló AI. Sin embargo, no se descarta que esta cantidad sólo sea la punta del iceberg, puesto que «la cifra real podría ser más alta» dado que algunos crímenes «no se denunciaban a la policía y no todos los que se denunciaban derivan en medidas oficiales».

Los hombres jóvenes que vivían en la pobreza parecen ser el objetivo de las autoridades ante las detenciones y reclusiones arbitrarias, precisa el organismo internacional. Estos actos traen como consecuencia otras violaciones de derechos humanos, específicamente: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Colectivos en contra de la tortura extrajudicial se manifestaron sobre la lateral de Paseo de la Reforma frente a la PGR Foto: Cuartoscuro

Colectivos en contra de la tortura extrajudicial se manifestaron sobre la lateral de Paseo de la Reforma frente a la PGR
Foto: Cuartoscuro

Entre la gran variedad de actos de tortura, la violencia sexual despunta, asegura el relator especial de la ONU tras una visita anterior a México. «La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4,390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial», detalló AI.

«Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley», subrayó AI y agregó que las autoridades incumplían sus obligaciones durante y después de las detenciones.

Existe una amplia gama de motivos de detención arbitraria; sin embargo, sobresalen los siguientes: «extorsionar a la persona detenida para obtener dinero; detener a una persona concreta a cambio de un pago por parte de un tercero; motivos políticos; e investigar a la persona detenida en relación con otro delito, tras detenerla por un delito menor que normalmente no había cometido», explica AI.

  • Desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales

«Es una práctica habitual», dice AI sobre las desapariciones forzadas donde se ven implicados agentes estatales y no estatales. Los responsables de los ilícitos, en México, «gozan de una impunidad casi absoluta».

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hasta el año pasado existen 34 mil 656 personas desaparecidas, de las cuales 25 mil 682 son hombres y ocho mil 974 son mujeres. No obstante, el organismo internacional resaltó que «las cifras reales eran más altas, porque la cifra oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas».

El trabajo de investigación de las autoridades correspondientes «adolece de irregularidades y quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad», enfatizó AI. El mejor ejemplo reciente es el caso de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Protesta frente a Peña por los 43 de Ayotzinapa

Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Para ilustrar la situación, el pasado 3 de mayo, en un vídeo en la localidad de Palmarito Tochapan, Puebla, se «mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo. Amnistía Internacional verificó de forma independiente las imágenes y concluyó que había razones suficientes para pensar que se había cometido una ejecución extrajudicial».

A lo explicado en los párrafos anteriores, sumamos que a finales de 2017, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permitía la «permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil», indica AI.

En el reporte presentado por el organismo internacional se informa que murieron en 2017 al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. Este gremio social ha sido víctima de espionaje, a través de un malware denominado Pegasus, comprado por la PGR; así como también de atentar agentes estatales y no estatales contra su vida.

Sobre la labor de las autoridades en esta materia, AI dijo que éstas «no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques en la mayoría de los casos».  Y añadió que «el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, no brindaba protección adecuada a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos».

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